ABR 282014 Al destacar la necesidad de crear un ordenamiento estatal totalmente apegado a los principios contenidos en la Ley General de Atención a Víctimas, Silvano Cantú Martínez, se refirió a su proceso de creación e implementación en los estados, durante su participación en el Foro Taller Ley de Atención a Víctimas, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado. Cantú Martínez, académico y coautor de la Ley General de Atención a Víctimas, recordó que uno de los conceptos centrales es que establece los criterios mínimos para que los congresos locales armonicen el contenido de sus ordenamientos y retomen la esencia de lo que el Congreso de la Unión planteó. Ésta, dijo, constituye una guía para que los congresos estatales estén en condiciones de plantear un ordenamiento adecuado a las necesidades, los requerimientos y la realidad de cada región del país, pero partiendo de una base común. Recordó que la Ley General de Víctimas, surgió de la propia sociedad civil al ver que las expectativas de justicia en el país quedaban rebasadas, "México tiene una tasa de impunidad del 93 %, los delitos no se investigan, ni se sancionan, ni se reparan; esto llevó a la protesta de muchos grupos sociales que se vieron en la necesidad de proponer un nuevo esquema de organización de los recursos con los que cuenta el estado para atender las necesidades de las víctimas". Por lo tanto, dijo, la Ley General fue ampliamente consensuada y es jurídicamente sólida, debido a que fue elaborada basándose en las inquietudes de las víctimas, expertos, académicos, y representantes del estado. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones civiles para que hagan propia la ley de víctimas, "pues será letra muerta para si las mismas no ejercen su papel de fiscalizadores, pues ante un tema tan delicado no nos podemos dar ese lujo". Añadió, que en el caso de Michoacán, la mayor reflexión que se puede desprender de una ley de víctimas, será que en lugar de priorizar el uso de la fuerza como componente central de la estrategia de seguridad, tanto en la intervención federal, como en las políticas públicas a nivel local, se debe privilegiar la responsabilidad y el componente de protección a víctimas. |
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