OCT 082013 Con la premisa de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal, y acceso a una justicia mediante la asesoría y orientación en materia constitucional de manera gratuita, se impulsa en el Congreso del Estado la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, manifestó el diputado local Marco Polo Aguirre Chávez. Expresó que las legisladoras y legisladores integrantes de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil, determinaron que es sumamente importante garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la asesoría y orientación en materia constitucional, civil, familiar, mercantil, administrativa y fiscal. Lo anterior, dijo, con el fin de asegurar el derecho a una defensa justa, bajo los principios de confidencialidad, gratuidad, honorabilidad, honradez, independencia, legalidad y responsabilidad profesional. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Michoacán, explicó que al implementarse el Instituto de la Defensoría Pública, este deberá asegurar el derecho humano de acceso a la justicia garantizado por el Estado, así como asesorar, orientar y procurar la función de defensa penal pública adecuada, como lo marca la Constitución. Son objetivos del Instituto, señaló Aguirre Chávez, asesorar, orientar y procurar la función de defensa penal pública adecuada y tratándose de adolescentes; y, proporcionar asesoría en materia mercantil; patrocinio y representación en materia constitucional, civil y familiar, explicó. El legislador por el distrito de Morelia X Morelia Noroeste, señaló que dicha ley contiene, que es obligación de los servidores públicos adscritos al Instituto promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, igualdad, equidad de género y progresividad. Asimismo los defensores deberán exigir en todo momento el principio de presunción de inocencia para las personas imputadas a las que presten defensa penal. El Instituto de Defensoría, expuso el legislador, tendrá un órgano superior jerárquico, Junta de Gobierno y estará integrado por miembros propietarios: El Gobernador del Estado, quien fungirá como presidente de la Junta; así como los titulares de la Secretaría de Gobierno; de la Coordinación de Contraloría; de la Coordinación de Planeación y Desarrollo, así como de la Secretaría de Finanzas y Administración. Entre otras, el Instituto tendrá dentro de sus funciones: establecer las políticas y las acciones relacionadas con la defensa pública; vigilar que cumpla con calidad la función que desempeña; promover que otras instituciones públicas y privadas contribuyan al fortalecimiento del Instituto. |
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